Un ajuste de tarifas que no superaría el 20% para la mayoría de los usuarios; la intención de llegar a déficit fiscal cero recién en 2027 y la idea de no subir las tasas de interés para no entorpecer el crecimiento. Estas consignas tienen algo en común: fueron esgrimidas por el Gobierno como condiciones que no se resignarían en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, pero en las que al final terminó cediendo.
En efecto, esas pretensiones fueron denegadas: el acuerdo con el FMI prevé un aumento de tarifas superior al 20% (según un esquema de segmentación, en la mayoría de los casos sería superior al 40% y de 130% para los usuarios de mayores ingresos); fija una meta de reducción del déficit fiscal primario para este año de 2,5% del PBI, que cae a 1,9% en 2023; y al 0,9% en 2024, para llegar a cero en 2025, y establece una baja del financiamiento monetario del déficit, ajustando la política monetaria para tener tasas de interés reales positivas.